Los más de 15.000 folios de declaraciones, informes, autos,
recursos y un largo etcétera de documentos que conforman la
instrucción de la que podría ser la mayor trama de corrupción orquestada,
hasta la fecha, por una institución pública en Córdoba, el «Caso Rocket»,
están poniendo al límite la capacidad de respuestadel Juzgado de
Instrucción número 2 de Peñarroya, encargado del asunto.
El procedimiento, que investiga lacomisión de presuntas irregularidades en la gestión de subvenciones por parte delConsistorio peñarriblense y en la que hay nueve imputados, entre ellos, la exalcaldesa Luisa Ruiz (PSOE), está retrasando el resto de causas del órgano, que se encuentra desbordado, algo que ya vaticinaron en su día desde el juzgado. Por ello, se ha solicitado en hasta cuatro ocasiones un funcionario de refuerzo para ayudar a tramitar el complejo caso.
«No» por respuesta
No obstante, la Junta siempre ha rechazado satisfacer dicha demanda. Según la Consejería de Justicia, el órgano peñarriblense «es uno de los 21 juzgados mixtos que existen en la provincia que tiene menos volumen de asuntos de entrada o pendientes por lo que no se justifica objetivamente dicho refuerzo». Además, justifica que «un asunto concreto con nueve imputados no justifica en modo alguno por sí solo el nombramiento de refuerzos».
Los operadores jurídicos, por su parte, reprueban esa falta de apoyo por parte de la Administración. No solo los sindicatos han repetido por activa y por pasiva que en Instrucción 2 solo hay cinco funcionarios, y uno de ellos se dedica también al Registro Civil, por lo que, ante causas, como la Rocket, evidencian «una falta de medios humanos y materiales». También el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, se ha pronunciado al respecto. ha señalado que en la provincia deCórdoba la mayoría de juzgados tienen unas plantillas «exiguas». Por ello, «insistimos a la Administración en que sea consciente de que estamos ante órganos con falta de personal, muy deficitarios, en los que no se han producido cambios en muchos años», manifestó.
Sobre la marcha de la «Operación Rocket» también se ha pronunciado el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, quien, con todas las cautelas, asegura que «los juzgados de la provincia, no solo el del Peñarroya, tienen unproblema endémico, y es que cuentan con la misma plantilla que hace 50 años. Casos de este tipo requieren un funcionario dedicado en exclusiva».
