SPJ-USO: Justicia Para Todos, Contra la Privatización de los Registros Civiles

• 
  
• 

Detalles

 

Fecha de Publicación Viernes, 28 Febrero 2014 10:36

SPJ-USO, junto al resto de organizaciones, ha suscrito un comunicado contra la privatización de los Registros Civiles, en el seno de la Plataforma Justicia Para Todos.

La Plataforma Ciudadana por una Justicia de Todos reúne, además de organizaciones sindicales y sociales,  a miembros de la judicatura, abogados, fiscales y otros juristas, han suscrito un manifiesto en defensa de un Registro Civil público y gratuito.

En el comunicado, y ante la decisión comunicada por el Ministerio de Justicia al decano de los registradores de la propiedad y mercantiles de que ha tomado la decisión de proceder a la privatización de los registros civiles de España con la entrega de su gestión a los registradores, la Plataforma Justicia para Todos, manifiesta:

Actualmente, existen en España 431 Registros civiles principales, junto a más de 7.000 juzgados de Paz con competencias en materia de Registro civil que van a ser privatizados por el Ministro de Justicia. Esta reforma conlleva la supresión de 3.500 puestos de trabajo en la Administración de Justicia.

La privatización del Registro civil se basa en un presupuesto falso que justifica la misma como la única alternativa posible a los problemas del Registro civil. El problema del Registro civil es el abandono continuado de los sucesivos gobiernos que no lo han dotado de personal suficiente y medios materiales modernos. Sin embargo, la percepción de este servicio público por la ciudadanía tiene una valoración positiva.  Es evidente que lo que tiene que hacer el Ministerio de Justicia no es privatizar sino invertir en medios para la ciudadanía.

Esta privatización se produce después de haberse realizado recientemente un importante esfuerzo económico para modernizar, informatizar y digitalizar los registros civiles, con una inversión de unos 128 millones de euros", de dinero público que "ahora se aprovechará" para una gestión privada.

Por otro lado, con esta privatización se reducirá drásticamente el número de registros civiles, de los actuales (uno por partido judicial y uno por cada Juzgado de Paz) a uno por provincia, una en cada isla de las Baleares y Canarias así como en Ceuta y Melilla. Y elimina además el Registro civil central y las Agrupaciones y los Juzgados de Paz. Así, la privatización del Registro civil supone además el alejamiento efectivo de este servicio de su principal usuario: el ciudadano, en contra de lo dispuesto en la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia y del sentido común.

Además los ciudadanos nos vamos a ver obligados a pagar por doble vía: por los aranceles que van a gravar a algunas inscripciones y actos del Registro civil, y por impuestos, ya que hasta ahora todo ello era "gratuito" para los ciudadanos, por una sencilla razón: PORQUE YA LO HABÍAMOS PAGADO VÍA IMPUESTOS. A esto se une que el Ministerio de Justicia ya ha anunciado un incremento de actos inscribibles y de aranceles en los Registros de la propiedad lo que indirectamente supone un sobrecoste para los ciudadanos.

Por último, los datos relativos al estado civil de las personas deben ser recogidos de modo fidedigno y custodiados en archivos oficiales. Ahora estos datos están protegidos por el deber de sigilo de los funcionarios sobre cuestiones relacionadas con su trabajo. La privatización supone que los datos van a ser tratados por personas ajenas a la condición de funcionarios públicos. Esto beneficia, tanto a los interesados como al Estado y a los terceros. Por tanto, esta privatización va a perjudicar a la mayoría de la población.

Ante la decisión del Gobierno de España de entregar a los registradores de la propiedad y mercantiles los registros civiles y con esa decisión, eliminar más de 3.500 empleos de la Administración de Justicia y convertir un derecho de los ciudadanos de acceso a un servicio público universal y gratuito en uno con coste, la Plataforma Justicia para todos manifestamos y exigimos al Ministro de Justicia y al Gobierno:

1. El Gobierno debe retirar su proyecto de privatizar los Registros Civiles y dar marcha atrás en su decisión de entregarlos a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, porque esa decisión supone que serán los ciudadanos los que deberán sufragar el coste de un servicio que además de indispensable para la ciudadanía debe mantener su actual estado de servicio público, universal y gratuito.
2. Los funcionarios de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia tienen la preparación, la experiencia y la capacidad para sostener el Registro civil sin necesidad de privatizarlo, como viene sucediendo hasta el momento desde hace muchísimos años. El Ministerio de Justicia debe aceptar expresamente que los Registros Civiles mantendrán su condición de servicio público y que en los mismos continuarán prestando servicios el personal de la Administración de Justicia dotándolos de los medios personales y materiales necesarios.
3. El Gobierno debe comprometerse a que en los Registros Civiles no se producirá ninguna modificación respecto a la situación actual, manteniéndose que todos los actos relativos a la situación de las personas seguirán sin suponer ningún coste para la ciudadanía.
4. En todo caso, el Gobierno debe asegurar, en la Ley de los Registros civiles, todo el empleo existente en la actualidad, destinado en los Registros, únicos o compartidos con la jurisdicción, y en los Juzgados de Paz, de toda España. Debe comprometerse a que no habrá amortización de plantilla de la Administración de Justicia.