14 de febrero de 2014
SPJ-USO: Privatización del Registro Civil, una traición más del Gobierno al colectivo y al ciudadano.
Gallardón privatiza con nocturnidad los registros civiles en plena polémica del aborto
Pasarán a cobrarse trámites como las inscripciones o certificaciones de matrimonio, nacimiento o defunción. Los sindicatos denuncian que la situación laboral de 3.500 funcionarios queda en el aire. (el publico.es).
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El Gobierno asigna a los registradores el Registro Civil
El Economista
El Gobierno ha decidido, finalmente, asignar a los registradores, la llevanza del Registro Civil, manteniéndose la gratuidad para el ciudadano, como hasta ahora. Así, lo comunicó ayer el Ministerio de Justicia a la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
El decano de la entidad colegial, Gonzalo Aguilera, informó ayer a través de unacarta remitida a los registradores (pulsa aquí), que "esta asignación se hace con plena capacidad auto-organizativa del Colegio de Registradores en los aspectos relativos a la organización territorial, material y tecnológica del Registro Civil, dentro del respeto, como es lógico, a la Ley de 2011 (Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil)".
En noviembre de 2013, la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores había rechazado la asunción del Registro Civil mientras no se presentase una memoria económica sobre su posible coste real y sin un sistema de financiación directo que garantizase su viabilidad.
Aguilera explicaba en una anterior misiva a los registradores, que la Junta de Gobierno no consideraba asumible el Registro Civil "sin una organización independiente y separada del Registro de la Propiedad y Mercantil, y sin un sistema informático propuesto y realizado por el Colegio compatible con el resto de las soluciones tecnológicas y servicios colegiales".
Mandato de la Asamblea
Tras su toma de posesión, Aguilera explicaba a elEconomista que aunque el colectivo había dicho "no" al Registro Civil en la Asamblea General de Zaragoza (abril de 2013), si Justicia decidía asignarles su llevanza, "con todo respeto y dignidad, le propondríamos una serie de medidas para su mejor llevanza en beneficio del interés público. Unas, de tipo organizativo, otras de consenso político, social y jurídico sobre el proyecto y un sistema de financiación adecuado".
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