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2 de julio de 2015

SPJ-USO Cádiz denuncia en prensa la falta de aire acondicionado en un Juzgado de Jerez.


PRENSA: Un juzgado de Jerez aguanta la ola de calor sin aire acondicionado

El Sindicato Profesional de Justicia amenaza con denunciar ante Trabajo si no se da una solución ya.
Diario de Jerez. 2.7.15
 
La rotura del sistema de aire acondicionado del Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez ha provocado que tanto los funcionarios que desempeñan sus labores profesionales allí como los ciudadanos que son usuarios de los mismos hayan estallado ante una condiciones que no han dudado de calificar como "inhumanas". Cabe destacar que este juzgado jerezano ha aguantado una de las más tempraneras olas de calor que se recuerdan en España, la cual además amenaza con volver la próxima semana.

Según destaca a este medio Luis García Robles, responsable provincial del Sindicato Profesional de Justicia (SPJ) de Unión Sindical Obrera (USO) en la provincia, "la actividad laboral (en el seno de este juzgado de instrucción) se ha estado desarrollando en condiciones absolutamente ilegales pues los compañeros han estado cumpliendo sus funciones a más 30 grados de temperatura, en un local cerrado". Como se verá posteriormente, la ley marca que para un servicio de estas características la máxima temperatura a soportar debe ser de 25 grados centígrados.

Se refiere García Robles a la Ley de Prevención de Riesgos laborales que garantiza las condiciones en las que los ciudadanos deben ejercer su derecho al trabajo.

Entre otros asuntos, dicho texto legal apunta las siguientes 'máximas'. De un lado señala dicha Ley que "deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, la radiación solar a través de las ventanas, lunas o tabiques acristalados".

La referida ley apunta igualmente que cuando los locales de trabajo sean espacios cerrados, deberán cumplirse además las siguientes condiciones: "La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre los 17 y los 27 grados. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre los 14 y los 25 grados".

La referida ley, según apunta el responsable del SPJ en la provincia, va aún más allá pues dicta claramente que la humedad relativa debe estar "entre el 30 y el 70%", así como la velocidad de las corrientes de aire que pueden pasar por un lugar de trabajo "dependiendo de que se trate de un local caluroso, o no, así como de que el trabajo que se desarrolle en el mismo sea o no sedentario".

Fue ayer mismo cuando el Sindicato Profesional de Justicia presentó ante el secretario general de la delegación de la Consejería de Justicia e Interior de Cádiz un escrito en el que denunciaba tanto la situación tercermundista padecida, así como que las promesas de solucionar el problema no se han cumplido.

En el referido escrito se le pide a la Consejería de Justicia, a través de su secretario general en la provincia, que tenga en cuenta que "al no funcionar el aire acondicionado se superan ampliamente en dichas instalaciones los 25 grados máximos que recoge la Ley de Riesgos Laborales". Igualmente se informa que el aire acondicionado "ya lleva tiempo averiado, por lo que los funcionarios están trabajando con los consiguientes agobios y quejas de los ciudadanos y los profesionales" que les asisten.

Quizás el punto más grave de la queja sea el segundo, en el Luis García Robles señala a la Consejería que "según nos informan los funcionarios que allí prestan servicio ya han presentado reiteradas solicitudes para que se proceda a la reparación de dicha instalación, lo que hasta el día de la fecha no se ha producido".

Las altas temperaturas que han debido soportar los funcionarios y los ciudadanos provocan que "el clima de trabajo sea prácticamente insoportable".

Es por todo ello que se pide a la Consejería de Justicia que repare la instalación de aire acondicionado "con la máxima urgencia", a la vez que se le hace llegar que en caso contrario "nos veremos obligados a poner los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo para que por ésta se empleen los apremios necesarios previstos en la Ley".